SUCESIONES E INTERÉS GENERAL: CARTA ABIERTA A LOS FIRMANTES DEL PACTO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN21/06/2020

El miércoles pasado una amplísima mayoría del arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León formada por el PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan, y por el PSOE, Podemos y Por Ávila, firmó el Pacto para la Recuperación Económica de Castilla y León.

El acuerdo, que recoge 86 puntos, contempla la aportación de 1.104 millones de euros para articular medidas de aplicación inmediata en los ámbitos de la Sanidad, Educación, Servicios Sociales y Agricultura. Las Corporaciones Locales también se beneficiarán, al igual que el Plan de Infraestructuras 2021-2025, un plan que ya se había desplegado en anteriores legislaturas.

La plasmación de este logro ha vuelto a poner de manifiesto que Castilla y León es una tierra de encuentro y diálogo donde, como en tantas veces en la historia reciente de nuestra Comunidad, nuestros dirigentes han demostrado altura de miras y generosidad para -desde sus diferencias- construir, sumar y avanzar juntos; una realidad que desde la Empresa Familiar siempre hemos reconocido y valorado.

Ese Pacto es, sin lugar a dudas, un éxito colectivo que sitúa a las personas por encima de las siglas políticas. Sin embargo, por coherencia y responsabilidad, bajo esa pátina del interés general no se puede ocultar que determinadas cesiones son objetivamente obstáculos y frenos que, avalados por cifras, complican todavía más el contexto económico y empresarial de Castilla y León

En concreto, el apartado número 84 del acuerdo declara la “suspensión del trámite del Proyecto de Ley para la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos”. Esta decisión impacta directamente en los intereses de muchas familias castellanas y leonesas que, en la situación actual de crisis y de pérdida de valor de los activos, se verán obligados a plantearse renunciar a su herencia, lo que en muchos casos dificultará la continuidad de la actividad económica familiar si no existe liquidez para el pago del impuesto.

A esto hay que unir el hecho de que el tratamiento desigual entre comunidades autónomas es absolutamente incontestable. El impuesto existe en ocho comunidades, donde prácticamente está eliminado y, según un estudio reciente totalmente imparcial elaborado por el Consejo General de Economistas, Castilla y León es la segunda autonomía que peor trata a sus conciudadanos cuando mueren.

La Covid-19 ha sido inexorable y ha provocado que la sociedad, la familia, los políticos y las empresas nos hayamos tenido que adaptar a esta mal denominada “nueva normalidad”.

Pero tan cierto como eso es que, si esta pandemia no hubiese pasado por nuestras vidas, esta Ley ya estaría aprobada por las Cortes de Castilla y León y habría entrado en vigor. Por lo que, lejos de demagogias, nos preguntamos: ¿Dónde queda la seguridad jurídica? ¿Cómo impacta esa falta de seguridad en la economía? ¿Dónde quedan los compromisos de nuestros dirigentes? ¿Dónde van a parar los programas electorales? Sin palabra se quiebra la confianza.

Asumimos que este es un debate complejo y que, en términos de imagen pública, a los empresarios siempre se nos ha colgado el ‘sambenito’ de “ellos pelean por su dinero”. Más allá de las etiquetas, más allá del anacronismo, lo que a nadie le puede pasar desapercibido es que la generación de riqueza y de empleo está en el centro del núcleo de ese interés general sobre el que se sostiene este Pacto. Y sí, el no cumplimiento de un compromiso como el adquirido para suprimir el impuesto de Donaciones y Sucesiones impacta sobre el empleo.

En términos económicos, este punto significa poner en riesgo la continuidad de la actividad económica. El 95% de las empresas de nuestra Comunidad son pymes y aportan el 80% del empleo privado. La medida solo supone el 0,35% del total de ingresos vía tributos. Pero tendrá consecuencias económicas.

En primer lugar, porque habrá familias de fallecidos que tengan problemas de liquidez para pagar el impuesto por la disminución del valor de los activos en los últimos 3 meses y, en segundo lugar, por el perjuicio que pueda suponer para las inversiones futuras. Cuando el criterio era el de eliminarlo, se argumentaba que así se facilitaría el “movimiento de la economía”… Los notarios avisan: “Se producirán renuncias a las herencias”.

Es por todo ello que este anuncio supone un durísimo golpe al compromiso de muchos de nosotros con nuestra tierra como, una vez más, hemos demostrado dando la cara durante esta pandemia de manera perseverante y silenciosa.

No es de recibo que el afán recaudatorio no deje descansar ni a los fallecidos por el COVID. Mientras de forma arbitraria se aparcan decisiones de este calado, gran parte de nuestros impuestos no se destinan al bienestar de los ciudadanos sino, como ya hemos denunciado en otras ocasiones, a mantener un sistema administrativo y político ineficiente y exageradamente costoso.

Desde Empresa Familiar de Castilla y León reconocemos las bondades de este Pacto, aplaudimos el diálogo y el acuerdo, pero permítannos no compartir con argumentos objetivos y contratastables la toma de esta decisión bajo el paraguas del interés general, para justificar la adopción de determinados acuerdos con serios efectos perniciosos para las familias empresarias de Castilla y León y la generación de empleo.

 


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