SONDEO EFCL: AUMENTA LA INCIDENCIA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS ENTRE LAS EMPRESAS FAMILIARES: NUEVE DE CADA DIEZ ESTÁN AFECTADAS NEGATIVAMENTE POR LA PANDEMIA19/01/2021

La crisis del coronavirus sigue pasando factura a la actividad empresarial y nueve de cada diez empresas familiares se están viendo afectadas negativa o muy negativamente por la pandemia, según refleja el nuevo sondeo realizado por Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) a sus asociados.

Así, la encuesta de enero de EFCL constata un aumento de 6 puntos, hasta el 91%, en el porcentaje de empresas a las que las que la pandemia está afectando negativa o muy negativamente, frente al 85% que así lo afirmaba en el sondeo de noviembre.

A pesar de ello, el 85% de las empresas está manteniendo su actividad, si bien se reduce en 10 puntos respecto a la consulta anterior. El teletrabajo (60%), la aplicación de ERTE parcial (54%) y la modificación de horarios (49%) son las principales medidas adoptadas por las empresas para ello.

Aun así, mejoran las perspectivas empresariales sobre la situación tras la crisis, ya que aumenta 10 puntos el porcentaje que prevé que el empleo se recuperará a niveles anteriores a la irrupción de la pandemia, situándose ahora en el 36%.

Además, se duplica del 20% al 40% el porcentaje que cree que las ventas se recuperarán a los niveles anteriores, y sube del 25% al 29% el porcentaje de empresarios que estima que también se recuperarán los beneficios.

La encuesta sigue mostrando un gran descontento empresarial con las medidas adoptadas por las administraciones para hacer frente a la crisis. Así, el 97% de los empresarios sigue considerando insuficientes las medidas aprobadas por el Gobierno para lograr la recuperación, que califican con 2,1 puntos sobre 10, nota ligeramente superior que en la encuesta anterior (1,9).

Por su parte, se mantiene la calificación a las medidas de la Junta de Castilla y León, que vuelve a recibir 2,9 puntos sobre 10.

En este sentido, el 85% de los empresarios está en desacuerdo con las políticas restrictivas tomadas sobre el sector de la hostelería en Castilla y León.

Además, el sondeo también refleja los problemas que existen en el cobro de los ERTE, ya que el 34% de las empresas en esa situación afirma que sus empleados todavía no han recibido la prestación del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), frente al 13% que así lo aseguraba en noviembre.

Asimismo, vuelve mostrar el rechazo del 83% de los empresarios a que cada Comunidad Autónoma decida sus propias medidas frente a la pandemia.

La simplificación de los trámites administrativos, la concesión de ayudas directas a los sectores en crisis, la reducción de impuestos y de cotizaciones y la flexibilización de la legislación laboral en material de contrataciones y despidos, son algunas de las principales medidas adicionales que solicitan los empresarios para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia.

Por último, la encuesta vuelve a constatar que el absentismo sigue siendo una de las consecuencias negativas de la pandemia, ya que se ha incrementado en el 49% de las empresas consultadas.

El sondeo forma parte del Plan de Acción contra el Coronavirus puesto en marcha por EFCL con el objetivo de ayudar a sus asociados a afrontar esta situación y que contempla también otras iniciativas como la organización de jornadas online y un Servicio de Información práctica sobre las medidas frente a la Covid-19.


EFCL PIDE UNA REVISIÓN PROFUNDA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ELIMINAR LA EXIGENCIA DE DOCUMENTACIÓN INNECESARIA08/01/2021

La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha elaborado una serie de propuestas dirigidas a lograr una desburocratización radical de la administración regional y situar a Castilla y León en la vanguardia de la administración digital.

Estas propuestas surgen tras constatar que cerca de la mitad de sus asociados tienen que destinar más del 20% de su tiempo para cumplir con la burocracia de la administración, y otro 40% entre el 10% y el 20%.

El objetivo final de las recomendaciones es la simplificación de los trámites administrativos, una de las principales medidas demandadas por los empresarios familiares para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, tal y como quedó reflejado en el sondeo realizado en noviembre por EFCL a sus asociados.

Entre otras peticiones, EFCL aboga por eliminar la obligación de presentar documentación no necesaria o de la que ya disponga la administración, y también de aquella que pueda obtener de otra administración, exigiendo así una interoperabilidad real y efectiva entre las distintas consejerías y con otras administraciones (local y estatal).

EFCL recuerda que con ello se conseguirá que efectivamente se cumpla con el derecho de los administrados de “no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas” que recoge la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Además, y con el fin de agilizar la tramitación de la concesión de permisos, licencias y autorizaciones, los empresarios familiares también instan a realizar una revisión profunda de los distintos procedimientos que posibilite también la eliminación de la exigencia de documentación superflua o redundante.

Por otra parte, y pese a la generalizada liberalización de actividades y servicios por imposición comunitaria, EFCL recuerda que todavía existen diferentes trámites sujetos a licencia o autorización previa, por lo que solicita su revisión para someter a régimen de comunicación/declaración responsable la práctica totalidad de las iniciativas económicas y empresariales.

Además, pide que la tramitación simplificada de los procedimientos administrativos que permite la ley sea la regla general y no la excepción, y que ningún procedimiento sea resuelto en más de 30 días.

Si bien reconoce que Castilla y León la Administración regional lo está implantando, Empresa Familiar de Castilla y León también señala que se debe exigir en sede electrónica un catálogo actualizado de los trámites, con la documentación solicitada, formularios, plazos de resolución, normativa, etc.

Además, y teniendo en cuenta que se trata de un ámbito tecnológico cambiante, propone una revisión de la normativa que en esta materia existe en la Comunidad, tal y como ya están haciendo otras Comunidades Autónomas, con la finalidad de agilizar los servicios digitales de la administración, beneficiar a los administrados y situar a Castilla y León a la vanguardia en administración electrónica.

 



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